El 20 de julio de 1908, la empresa de ferrocarriles de Chile “Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia”, solicitó a Bolivia permiso para usar las aguas del Silala, para alimentar los calderos de sus trenes.
Benjamín Calderón, en su calidad de representante de la empresa anglo chilena “Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia”, envió una carta al prefecto de Potosí, solicitando permiso para usar las aguas del Silala.
El equipo jurídico de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), presentó la carta documento de la empresa ferroviaria chilena, en la que solicita permiso a Bolivia para utilizar las aguas del Silala, admitiendo ipso facto que Bolivia tenía soberanía sobre esas aguas.
El contenido de esa misiva enviada a Bolivia, por la empresa anglo chilena, fue recuperado por el investigador chileno Cástulo Martínez en su libro “Las Aguas del Silala”, texto que denuncia el uso ilegal de recursos naturales bolivianos por parte de Chile.
“La demanda de Chile (sobre el Silala) no tiene razón de ser, porque reconoce que Bolivia tiene soberanía sobre el Silala”, sostuvo Mathias Forteau, abogado internacional que asesora al Estado plurinacional en el litigio por los manantiales en La Haya.
