Las mujeres electas por el voto directo sufren un tipo de violencia silenciosa que puede ir desde la extorsión hasta el asesinato como el caso de Juana Quispe (2012), aún no esclarecido por la justicia patriarcal.
Para debatir con las actoras políticas sobre este tema, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz convocaron al “Encuentro Departamental de La Paz contra el acoso y la violencia política”, en vista de que las mujeres renuncian o denuncian, mientras las agresiones no cesan.
El encuentro fue inaugurado por los vocales del TSE, Dina Chuquimia y Daniel Atahuachi, y continuarán una ronda que se desarrollará en todos los departamentos con las mujeres electas y organizaciones de la Sociedad civil para definir estrategias interculturales de educación democrática para garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
Se culminará con la Cumbre Nacional Contra el Acoso y Violencia Política, a realizarse en marzo, cuando no solo emergerán políticas nacionales sino una ley de cuotas de la mujer indígena en cargos públicos.
Este proceso de prevención busca evitar nuevos delitos y crímenes que violenten los derechos de las mujeres en la política, consagrados en 2009, en la Constitución Política del Estado conducida por la líder indígena Silvia Lazarte (+).
En el ámbito legislativo las mujeres bolivianas llegaron a ocupar el 50% de los cargos públicos, pero en las elecciones de 2021 hubo un retroceso considerable en su presencia, así como en otros espacios del Estado.
Esta tendencia devino de la crisis institucional que se produjo en 2019, cuando la descolonización y la despatriarcalización se estancaron en el país.
