El Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados Americanos resolvió por mayoría aceptar la denuncia interpuesta por Paulo Abrao en contra de Luis Almagro, por haberlo removido de sus funciones de manera ilegal.
Abrao ocupaba la secretaría general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2016 – 2020) y durante el periodo 2019, estuvo en Bolivia para investigar los hechos luctuosos y vulneración de derechos humanos en el régimen interino de Janine Áñez.
En 2020, de manera abrupta e “ilegal”, según la resolución, Almagro cesó en sus funciones a Abrao y no permitió su recontratación, vulnerando su derecho al trabajo, por lo que el ex ejecutivo de la CIDH interpuso el proceso, solicitando la indemnización correspondiente y la reparación por daños y perjuicios, incluyendo el ejercicio del derecho de rectificación o respuesta establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En esa ocasión, la CIDH se pronunció: “la Comisión Interamericana expresa su profundo rechazo a la decisión del Secretario General de la OEA, Luis Almagro quien, al haber negado esta renovación contractual quebranta una práctica establecida por más de 20 años de respeto a la decisión de la CIDH de nombrar a su Secretario Ejecutivo y dificulta la obtención de verdad, justicia y reparación a las personas que se han sentido afectadas en sus derechos laborales. Asimismo, esta decisión del Secretario General desconoce el debido proceso del señor Paulo Abrão pues claramente el artículo 13.5.3 de la referida Política señala que «…el hecho de que un miembro o no miembro del personal esté bajo investigación no deberá utilizarse en contra de ninguna persona al considerar, por ejemplo, la renovación de un contrato.”
La resolución emitida por el Tribunal de la OEA aclara que no existió ningún proceso de investigación iniciado contra Abrao, lo cual demuestra que la decisión de Almagro consistió en una maniobra institucional para alejarlo del cargo.
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