“LA INFAME SENTENCIA DEL TCP NO LOGRÓ INHABILITAR A EVO MORALES”

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Texto escrito por Wilfredo Chávez. El viernes 29 de diciembre, a última hora de la noche, la Sala 4 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitió la Sentencia 1010/2023. Con gran pompa, los medios pagados por el gobierno y la vocería de la extrema derecha aliada (Carlos Mesa, Fernando Camacho, Jerges Mercado, etc) anunciaban: “Urgente: TCP establece que en Bolivia la reelección indefinida no existe y no es un derecho humano”; celebraban la supuesta inhabilitación con loas intensas a los autoprorrogados.

Pasadas las horas y conocido el texto completo de la nombrada sentencia, empezó a caer la mentira, se pronunciaron con mucha claridad y precisión el ex Presidente Eduardo Rodríguez Veltze y una serie de abogados constitucionalistas (Gonzalo Hidalgo entre otros). Ante lo inevitable, es decir que el pueblo lea el texto de la sentencia en su parte dispositiva y que no se inhabilitaba a Evo, para no seguir cayendo en el ridículo, algunos decidieron echar marcha atrás, así el diario vocero de la derecha extrema, El Deber, en su editorial de hoy domingo 31 de diciembre de 2023 espetó: “El extraño fallo del TCP… Prácticamente, aparece de contrabando en un fallo sobre las elecciones judiciales y va mas allá incluso de la Opinión Consultiva de la CIDH. El objetivo parece ser claro: Evo Morales. Y dada la extraña conducta del TCP, no sorprendería a nadie que existan componendas políticas en beneficio de una candidatura oficialista que no sea la de Evo…” (sic).

La sentencia No. 1010/2023, ni porsiacaso estableció en su parte dispositiva la publicitada “inhabilitación”, mentira similar en su facción y difusión al del “fraude monumental”. De hecho, en la parte dispositiva se CONFIRMA la resolución de concesión de tutela dentro de la acción de amparo constitucional planteada por Miguel Angel Balcázar Ruiz, expediente TCP 54569. Lo escrito y decidido es lo que cuenta y manda, no aparece por ningún lado la publicitada inhabilitación.

Los timadores, en un último esfuerzo hoy domingo desempolvaron al golpista Luis Vásquez (abogado de Tuto Quiroga y quien fue muy activo en las reuniones de la Universidad Católica, donde se decidió el golpe de estado con la inconstitucional sucesión posterior y las masacres sobrevinientes), quien, cual descubrimiento de la pólvora decía que la sala 4 realizó “control de convencionalidad”, vaya descubrimiento (parecido al descubrimiento del adelantado Don Rodrigo Diaz de Le Luthier´s); actitud risible pues la mentada Opinión Consultiva de la CIDH (Convencional) jamás se refirió sobre la relección “discontinua” de ex autoridades o su inhabilitación, sino solo la imposibilidad de postular de autoridades en ejercicio de funciones. Era el último silbido chuso.

No cabía duda, la sala 4 del TCP solo había intentado timar a la población boliviana con el ardid de la inhabilitación el último día constitucional de sus funciones (viernes 29 de diciembre). Lo hizo cual amaestrado perro faldero; cumpliendo la orden del 25 de agosto de este año del gonista ministro de justicia Iván Lima, quien mandó: “Los magistrados del TCP no pueden irse sin responder el tema de la reelección de Evo”; si, cumplieron ovejunamente la orden pero solo ya 2 de ellos (uno con la esposa que trabaja con jugoso sueldo en dólares en la Embajada de Bolivia ante la OEA en Washington), cumplieron a su amo de la peor manera pues no lograron inhabilitar a Evo Morales en la parte dispositiva de su infame sentencia. El intento burdo del gobierno y sus aliados había fracasado, el intento de cifrar en el imaginario publico la idea de la inhabilitación no iba mas. No lo consiguieron, no lo conseguirán. Pero veamos con rigor técnico de que se trata.

La acción de amparo constitucional fue interpuesta por el ex funcionario del ministerio de Justicia Miguel Angel Balcázar Ruiz, en el mes de abril de 2023, en contra de la Asamblea Legislativa Plurinacional (David Choquehuanca) por haber dispuesto el Reglamento de preselección de candidatas y candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional, supuestamente vulnerando sus derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la ciudadanía en sus dos elementos. De antemano no era la acción idónea puesto que el legislador para ese tipo de casos creó el Recurso contra Resoluciones del Órgano Legislativo, reglado por los arts. 135 a 139 del Código Procesal Constitucional, pese al grave defecto la causa fue admitida y en el fondo se concedió la tutela dejando sin efecto la convocatoria y el reglamento; se cumplía el objetivo político de frenar el avance de las elecciones judiciales por la Sala Constitucional del Beni, sala a cargo del vocal Marco Antonio Justiniano y suplente del magistrado Miguel Gonzalo Hurtado (todo en familia).

Asimismo, una vez remitido el expediente del Beni al TCP con sede en Sucre (17 de abril bajo en número 54569), como un rayo pasó de la comisión de admisión y fue sorteado en apenas 15 dias a la Sala 4, a cargo obviamente de Miguel Gonzalo Hurtado (magistrado tristemente celebre por haber leído el 12 de noviembre de 2019 el comunicado con el cual los golpistas pretendieron darle constitucionalidad a Jeanine Añez, sujeto que le debe cuentas al país por esa acción y sus nefastas consecuencias). Recuerde la población que este tipo de casos esperan cuando menos 8 meses en ser sorteados en el TCP, empero ¿cuál es la explicación para su rápido sorteo? Lo obvio era en su momento boicotear las elecciones judiciales. Así las cosas, el expediente es luego convenientemente guardado desde el 3 de mayo al 27 de diciembre, que por el apuro de no poder ya presionar a otros magistrados es desempolvado y en apenas 2 días se proyecta como por magia mas de 80 hojas y se emite la sentencia política 1010/2023.

La parte considerativa de la sentencia 1010/2023, sobre los dos derechos denunciados como vulnerados y que constituyen el objeto del juicio constitucional, no amerita mayor comentario puesto que al final se confirma la sentencia dictada por la sala del Beni, empero surgen los siguientes elementos previos. Si lo que se buscaba con esta acción de defensa era contar con un reglamento totalmente acorde al diseño constitucional, es decir sin mas limitaciones a los postulantes que las establecidas en la CPE y que además se siga dicho proceso de designación por dos tercios, aquello ya fue resuelto por la SCP 060/2023, proyectada por el mismo magistrado relator René Yvan Espada Navía. Por tanto convergían los elementos de la teoría del acto superado por lo que al no existir ya ningún acto violatorio vigente (es decir el inexistencia de la convocatoria y reglamento acusados de violatorios a los derechos denunciados en el amparo) no correspondía mayor tramite que allanarse a dicha decisión, y cerrar el caso, empero de manera totalmente inexplicable el propio magistrado Rene Yvan Espada Navia, proyecta también la sentencia 1010/2023, el contrabando de argumentos estaba en curso.

Por otro lado, los abogados sabemos que por su naturaleza, en una acción de amparo constitucional solo se puede reclamar la violación de derechos propios, y los magistrados no podían considerar otros derechos que los reclamados (derecho a la libertad de expresión y ciudadanía en sus dos elementos), pues aquello se autoriza para la acción de inconstitucionalidad mas no para la acción de amparo constitucional, en suma, los magistrados de oficio no podían ejercer legitimación activa ni reclamar por derechos de terceros, cual es la disgregación que realizan sobre la reelección.

Ya en el fondo del análisis, debemos comenzar señalando que en la forma, ya se detectó una ilegal admisión de un recurso no idóneo, así como el ilícito anticipo de sorteo, a lo que se suma que la sala 4 realizo una ilegal consideración del tema reelección en un caso donde no era objeto de análisis dicha controversia (concreción del contrabando). Pese a lo anotado, surge un importante elemento formal a valorar, lo hago con un par de preguntas: ¿es vinculante para el caso un razonamiento del tribunal que no está vinculado a la decisión asumida por el tribunal constitucional? Y, ¿se inhabilitó a través de loa sentencia 1010/2023 a Evo Morales de ser posiblemente candidato?. Vamos a las respuestas.

En el primer caso encontramos que los razonamientos sobre relección en un asunto que no tiene como objeto de controversia ese tema, técnicamente reciben el nombre de obiter dictum (en castellano se interpreta los obiter dictum como meros dichos de paso), que no fundamentan legalmente ni afectan en absoluto el resultado que determina el tribunal en su decisión final. En nuestro caso, la sentencia 1010/2023, no basa su decisión final en el razonamiento trasnochado (obiter dictum) sobre la reelección y menos aún considera la decisión una supuesta inhabilitación por reelección discontinua, elemento solo pensado en la cabeza de esos dos magistrados, que felizmente se van mañana. LOS OBITER DICTUM NO SON VINCULANTES NI TIENEN VALOR VINCULAMNTE ALGUNO. Pero el lector ser preguntara entonces ¿qué es lo vinculante de una sentencia constitucional plurinacional?, la respuesta es que lo vinculante es la ratio decidendi (en castellano llamada razón de la decisión o razón suficiente), que constituye el real y único fundamento directo sobre los derechos afectados y con cuya base se adopta la decisión final por el tribunal LA RATIO DECIDENCI ES LO VINCULANTE, y para ser mas precisos, en la sentencia 1010/2023 la sala 4 desarrolla el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la ciudadanía, en la misma dimensión de la sala constitucional del Beni, sin variantes, siendo esa por tanto la ratio decidendi vinculante para el caso, y de ninguna manera los razonamientos (obiter dictum) de dicha sentencia. Po ultimo la ratio decidendi se constituye también en una fuente directa del derecho al ser resultado de un desarrollo o construcción jurídica nacida de un derecho controvertido y amparado por el juez.

Respondiendo a la segunda pregunta, y dada la explicación previa, resulta evidente que la sentencia 1010/23 NO INHABILITA de ninguna manera a Evo Morales a postularse al cargo de presidente, máxime si se lee la sentencia en su integridad, la sala 4 cita la Opinión Consultiva de la CIDH sobre la reelección, empero en esa opinión no se encuentra ningún argumento ni decisión que hable sobre la reelección discontinua, sino solo se remite a autoridades en ejercicio del cargo que no pueden ser reelectas indefinidamente, por ello pese al capricho de introducir de contrabando tantas líneas sobre la reelección, en la parte dispositiva no se encuentra ya tal razonamiento y menos una decisión sobre la reelección. Nuevamente invito a leer la parte dispositiva de la sentencia para que no quepa duda alguna. Reitero que la vinculación surge del razonamiento del juez constitucional con relación al acto lesivo, el petitorio y la decisión contenida en la parte final de la sentencia.

Cabe indicar que el TCP inclusive comete delito de falsedad ideológica, pues hace cita del art. 168 del proyecto de constitución aprobado por la Magna Asamblea Constituyente, empero revisado el texto original aprobado por dicho conclave fundacional, se verifica que no corresponde en absoluto la cita del TCP con lo aprobado por la Constituyente, dando cuenta de la ligereza con que se encaró este tema.

Luego del análisis previo, no cabe duda que la intentada proscripción judicial de Evo Morales para ser reelecto presidente el año 2025, no tiene ningún asidero legal, pues no debería existir juez o abogado que trate de obligar al cumplimiento de un obiter dictum, recayendo en lo jocoso y ridículo en extremo tal pretensión, haciendo ilusoria la añorada proscripción del líder del pueblo Boliviano.

Vamos mi querida Bolivia, podemos recuperar la democracia y el país para mejores días de alegría y esperanza. Nunca olvidemos que CON EVO ESTABAMOS MEJOR.

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