Viceministra Gabriela Alcón, denunció este miércoles que el gobierno de facto, además de provocar cuantioso daño al Estado, utilizó de pendencias del canal estatal para guarecerse, almacenar escudos y pertrechos de los grupos irregulares.
La investigación pudo constatar que el grupo para policial Resistencia Juvenil Cochala (RJC), utilizaba dependencias de la Regional Cochabamba BTV, como su depósito y su centro de reuniones.
La viceministra de Comunicación, denunció que entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, el régimen provocó un considerable daño económico al Estado: “Son más de Bs 8.965.000 el daño económico que se tiene por el desmantelamiento, bajar la señal, por el ataque y la quema de los medios de comunicación”, sostuvo la autoridad en conferencia de prensa.
Reveló que, en Bolivia Tv durante la gestión de Andrés Rojas y Gonzalo Rivera, existieron contrataciones y consultorías irregulares, inasistencia de consultores, asignación de ítems al margen de la norma y contratación de servicios en forma irregular.
En Radio Patria Nueva y en el Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (RPO), se repitió la situación de daño al estado.
Los delitos penales encontrados son: conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, deberes de ciudadanos y omisión de denuncia, contribuciones y ventajas ilegítimas de servidores públicos.
“Se va a proceder como corresponde en todos los casos. Como había dicho: nosotros tenemos que cumplir con la norma, somos fiscalizados en esa línea. Vamos a presentar (las denuncias) contra los directores de los medios de comunicación, los gerentes que han estado cumpliendo esa función pública”, dijo la Viceministra de Comunicación.
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