“Por lavado de dinero y pago de sobornos”. Wilfredo Chávez, Procurador General del Estado, informó que los cómplices del exministro del gobierno de facto, recibieron sentencia condenatoria por parte de la justicia norteamericana.
En medio de una pandemia apocalíptica, hicieron el negocio de su vida.
LOS HECHOS:
25 DE NOVIEMBRE DE 2019: el ministro de gobierno de facto, Arturo Murillo, envía una carta a la empresa brasileña Cóndor, en la cual invita a la compañía, a presentar una propuesta económica para la compra de Agentes Químicos para la Policía Boliviana.
26 DE NOVIEMBRE DE 2019: el ministro de gobierno de facto, vuelve a enviar otra carta a la empresa Cóndor, haciéndole conocer que ha decidido comprar Agentes Químicos, a través de una “empresa intermediaria”.
La compra de agentes químicos, a través de un intermediario, significó una perdida para el país de $us 2,3 millones.
La empresa intermediaria que se benefició con el sobreprecio, es Bravo Tactital Solutions Llc, cuyo propietario es Luis Berkman Littmann, preso en Bolivia por tráfico de armas el año 2001.
Tanto Arturo Murillo como Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ex jefe de gabinete del Ministerio de Gobierno, son amigos de infancia de Luis Berkman Littmann.
Otro de los implicados en el affaire, es Philip Lichtenfeld, financiador del World Trade Center Santa Cruz.
“Existe (una) verdad material, que ha existido un robo a los bolivianos en tiempos de pandemia, que ha existido deliberadamente un abuso del poder por parte de estas personas vinculadas, a la cabeza de Arturo Murillo, al nefasto gobierno de facto que se ha instalado desde 2019”, sostuvo el Procurador Wilfredo Chávez.
Chávez considera que la sentencia contra Arturo Murillo será mayor a la dictada a sus cómplices porque no se declaró culpable.
