Un informe de la Contraloría General del Estado en 2021 evidenció el direccionamiento de la gestión municipal pasada para adjudicar la compra de los buses que debían operar como parte del proyecto BTR en el primer anillo en Santa Cruz de la Sierra.
La investigación de la Contraloría fue confirmada por las pesquisas policiales y reveló que tres meses antes de que la Alcaldía autorice el proceso de contratación de la firma que compraría y operaría los buses en el primer anillo la sociedad civil ‘Chuturubí’ ya había suscrito un contrato con una automotriz internacional para que se fabriquen e importen unidades con el diseño y dimensiones que luego la Alcaldía haría conocer.
El acuerdo de compra que suscribió la sociedad civil Chuturubí es del 22 de agosto de 2019, tres meses antes del 27 de noviembre del mismo año fecha en la que la Alcaldía inició la fase de contratación para este servicio y dos días después el 29 de noviembre se invitó a participar de este proceso a la sociedad civil Chuturubí junto a otras empresas más.
Con estos indicios la Fiscalía ordenó la aprehensión de la exsecretaria de Finanzas de la alcaldía, Sandra Velarde (con detención preventiva por el caso Vertedero), el exsecretario de Movilidad Urbana de la Alcaldía, Rolando Ribera (aprehendido hoy), la exdirectora de Tráfico y Transporte, Lucy López Quiroga; y el representante de la empresa Chuturubí, Percy Rojas Limón (aprehendido).
