A CUATRO AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO, INVESTIGACIÓN RECUERDA “LAS DIEZ MENTIRAS DE LA OEA”

Noticia Política

La investigación realizada por el comunicador Willy Maydana, recoge los detalles y antecedentes del golpe de Estado perpetrado en Bolivia el 2019. En el documento recuerda el rol de la Organización de Estados Americanos (OEA) que consumó el plan desestabilizador del gobierno del expresidente indígena Evo Morales y lo obligó a renunciar y salir del país.

LAS 10 MENTIRAS DE LA OEA

1.- Según el organismo, quienes viven en la ciudad y quienes viven en el área rural, deberían votar por el mismo candidato de lo contrario debe considerarse “una irregularidad”.

“Las mesas de sufragio… no deberían reflejar diferencias electorales urbanas y rurales agudas”, dice la página 89 del Informe de la OEA.   

En un disparatado relato surrealista, los expertos de la OEA, estaban convencidos que las mesas electorales del campo y la ciudad debían ser similares. Por eso calificaron de incomprensible cambio de tendencia, la llegada del voto de los hombres y mujeres de la tierra. Ese fue el criterio con que se elaboró el documento del organismo. Forzaron la realidad para que encaje en su interpretación del mundo.

2.- La OEA creó un instrumento “fantasma”, es decir, que no existe, pues no figura en la ley electoral boliviana.

En ninguno de los 266 artículos de la ley Electoral Nº 026, norma nacional que regula todas las elecciones del país, figura la palabra “TREP”, sin embargo, la OEA concede rango de ley, a un mecanismo trivial que no figura en la normativa electoral.

En octubre de 2020, cuando faltaban 24 horas para la realización de las elecciones, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), decidió eliminar el sistema de conteo rápido. Nadie protestó, nadie dijo fraude.

3.- El jefe del equipo de auditores de la OEA, tenía la instrucción de invalidar las elecciones.  

La OEA se comprometió a realizar un informe imparcial y científico, pero designó como jefe de los auditores a Arturo Espinosa Silis, un conocido opositor a la elección del ex presidente.

Mas allá de la validez (o no), de los argumentos de Espinosa Silis, el jefe del equipo de auditores tenía una posición tomada sobre Morales, por lo que de ninguna manera podía dirigir una auditoría que se pretendía independiente e imparcial. Luis Almagro designó a Arturo Espinosa Silis a sabiendas de su posición política.

4.- El documento de la OEA utiliza como fuente de referencia a una empresa “invisible”, que no existe.

La OEA, apoya sus hipótesis en un informe de la empresa Ethical Hacking, citando a la compañía informática en, al menos, 40 oportunidades, sin embargo, no existe relación contractual entre Ethical Hacking y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ante un hipotético juicio por un posible fraude o calumnia ¿Qué documentos podría presentar la OEA, si la compañía a la cual se remite, nunca fue contratada por el TSE?

Por el contrario, el documento de la OEA, no cita ni una sola vez a “Servicios de ingeniería Multidisciplinaria SRL”, verdadera adjudicataria del contrato con el TSE.

5.- El organismo dice que encontró 226 actas con supuestas irregularidades, pero ocultó que el total de actas era de 34.558.

Aquel porcentaje ínfimo (226 actas), de ninguna manera puede constituirse en un patrón estadístico que represente a todas las mesas electorales del país.

Además, según el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR), de las 226 actas observadas, 150 actas ya habían sido cargadas en el sistema TREP, antes de la interrupción del mecanismo de conteo, por lo que las 226 actas de la OEA se reducen a 76.

6.- La OEA presentó 2 informes: en el primero dice una cifra, en el segundo dice otra.

El Informe difundido a las cinco de la mañana del 10 de noviembre de 2019, señala que los expertos de la OEA analizaron 176 actas de Argentina.

En el segundo Informe (entregado 24 días después), señala que solo se analizaron 113 actas de aquel país, es decir, 63 actas menos.

Estas inconsistencias de un organismo hemisférico, son la prueba de que se elaboró un documento sin rigor científico, con un objetivo abiertamente político.

7.- Los técnicos de la OEA tuvieron acceso a toda la cadena del escrutinio.

Antonio Costas ex vicepresidente del TSE, desechó el supuesto “escenario de dudas” de la OEA. Sostuvo que los expertos del organismo “estuvieron presentes” en todo el proceso de transmisión de datos: “Los ingenieros de la OEA estuvieron todo el rato con el TSE en el momento de la transmisión del TREP, tomando fotografías del avance muy seguidas”, expresó.

El organismo tampoco hace referencia a que el Cómputo (oficial) realizado por los Tribunales Electorales Departamentales nunca se detuvo, y en todo momento contó con la presencia de los delegados de todos los partidos políticos, veedores de la Unión Europea (UE), y de técnicos informáticos de la OEA.

8.- ¿El supuesto cambio de tendencia se produjo antes o después de la interrupción del Trep?

El lunes 21 de octubre de 2019, cuando se había contabilizado el 95 por ciento de las actas, el organismo expresó un “incomprensible cambio de tendencia”.

El domingo 10 de noviembre, en su informe final, afirmó que el supuesto cambio de tendencia, en realidad, se produjo en el último 5 por ciento.

9.- La OEA admite que el TREP no tiene valor.

“En este punto es importante mencionar que el sistema TREP es un instrumento de publicidad y transparencia, que permite brindar a la ciudadanía resultados preliminares de forma oportuna y expedita. Si bien, en principio, no tiene validez legal”, expresa el Informe de la OEA. Para la normativa electoral boliviana el único documento válido son las actas. 

10.- La OEA dice que se rompió “el protocolo de seguridad”, sin embargo, nunca existió tal protocolo.

El organismo menciona que se habría roto un mecanismo de seguridad entre las dos empresas informáticas, sin embargo, no existe un documento del tal protocolo.

Según Antonio Costas, el protocolo mencionado, era solo un acuerdo verbal, en el cual no habría intervenido el Tribunal Supremo Electoral (TSE). No existe un documento rubricado que certifique la existencia de un protocolo.

El problema es que se emitió la alerta máxima, por la supuesta violación de un “protocolo de seguridad” que no existe, nunca existió. El supuesto fraude, tampoco.

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